En una medida pionera que busca reducir el impacto ambiental de la moda ultrarrápida, Francia ha aprobado una nueva ley conocida como “anti-Shein”, que apunta directamente a empresas como Shein y Temu, conocidas por comercializar ropa de baja calidad a precios extremadamente bajos y en cantidades masivas. Esta legislación no afectaría, al menos no en la misma medida, a marcas como H&M o Zara, clasificadas dentro del modelo de “fast fashion clásica”.
El objetivo principal de la ley es combatir las consecuencias negativas de la “ultra fast fashion”, un modelo que se ha expandido rápidamente en los últimos años, impulsado por plataformas digitales y redes sociales. Según el medio France24, esta industria afecta seriamente al medioambiente y representa una amenaza para la industria textil local, al inundar el mercado con prendas de corta duración, fabricadas sin criterios sustentables.
¿En qué consiste la ley “anti-Shein”?
La legislación establece una serie de sanciones y regulaciones para las marcas de moda ultrarrápida. Uno de los puntos centrales es la implementación de una “puntuación ecológica” que evalúe las prendas en función de criterios como las emisiones de gases de efecto invernadero, la reciclabilidad del producto y el tipo de materias primas utilizadas.
A partir del año 2025, aquellas marcas que obtengan las peores puntuaciones deberán pagar un impuesto de hasta cinco euros (alrededor de 5.500 pesos chilenos) por prenda, cifra que se duplicará en 2030, alcanzando los diez euros. Este impuesto no podrá superar el 50% del precio de venta del producto. Además, se prohibirá toda publicidad asociada a estas marcas, y los influencers que las promocionen sin declarar su impacto ambiental serán sancionados.
La ley aún debe ser revisada por una comisión mixta y notificada a la Comisión Europea, pero representa uno de los esfuerzos más ambiciosos en Europa para frenar el modelo de consumo acelerado que representa la “ultra fast fashion”.
El impacto de la moda ultrarrápida en Francia
Las cifras proporcionadas por la agencia estatal de medio ambiente francesa (ADEME) son elocuentes: en Francia, se lanzan al mercado alrededor de 48 prendas de vestir por persona cada año, y cada segundo se desechan 35. Entre 2010 y 2023, el valor del mercado de la moda ultrarrápida creció en casi 1.000 millones de euros, lo que muestra la magnitud del fenómeno.
La ministra de Transición Ecológica de Francia, Agnès Pannier-Runacher, ha calificado a esta industria como una “triple amenaza” porque fomenta el sobreconsumo, daña el medioambiente y pone en riesgo a los pequeños y medianos productores locales, que no pueden competir con los precios bajos y las velocidades de producción de estas plataformas digitales.
Diferencias entre “ultra fast fashion” y “fast fashion clásica”
Uno de los aspectos más comentados de la ley es que diferencia claramente entre la “ultra fast fashion” (como la practicada por Shein y Temu) y la “fast fashion clásica” de marcas como Zara o H&M. Estas últimas, aunque también forman parte del modelo de consumo acelerado, mantienen ciertas prácticas de producción más estructuradas y vínculos con la economía europea, lo que les permite quedar en una zona más flexible de la normativa.
Sin embargo, para mantenerse dentro del marco de la nueva legislación y evitar los impuestos por prenda, también deberán adaptarse a los estándares ecológicos que impone la nueva ley.
¿Una medida ecológica o proteccionismo disfrazado?
Aunque la ley ha sido celebrada por sectores ambientalistas y defensores del consumo responsable, también ha generado críticas. Algunos señalan que el verdadero objetivo es proteger a las marcas europeas, como Zara o H&M, frente al crecimiento desmedido de empresas asiáticas que han conquistado el mercado francés con precios irrisorios. De hecho, según una nota de Reuters, Temu y Shein fueron las marcas donde más dinero gastaron los consumidores franceses en 2024.
Asimismo, una publicación de Novethic destacó que muchas marcas locales han cerrado o han entrado en crisis financiera por la imposibilidad de competir con estos gigantes del comercio electrónico, lo que ha llevado a algunos analistas a acusar al gobierno francés de priorizar intereses comerciales sobre las verdaderas preocupaciones ecológicas.
La ley “anti-Shein” representa un esfuerzo audaz por parte del gobierno francés para poner límites a un modelo de producción y consumo que, aunque económico y popular, genera serios daños ecológicos y sociales. A medida que esta legislación avance en su aprobación final y aplicación práctica, servirá como una prueba para evaluar hasta qué punto los gobiernos están dispuestos a enfrentar los desafíos de la sostenibilidad sin comprometer su competitividad económica. Y tal vez, marque el inicio de un nuevo paradigma en la industria de la moda global.